domingo, 3 de enero de 2021

LA JUSTICIA PASA DE LARGO DE LAS RESIDENCIAS

 

JAUME V. AROCA / SANTIAGO TARÍN, IGNACIO OROVIO / CARLOTA GUINDAL | BARCELONA / MADRID
03/01/2021 02:33Actualizado a 03/01/2021 11:06

El 28 de abril Ana María Garrido escribió a La Vanguardia explicando cómo había fallecido su tío en la residencia donde estaba ingresado. “Había dado positivo, pero nos decían que estaba bien hasta que un día dejó de comer. No tenía ni fuerza para hablar. Me dijeron que estaba un poco deprimido por la situación. Un día me llamó la doctora y me dijo que estaba muy mal y que había pedido el traslado a un hospital que nunca llegó. No se llevaban a nadie. El protocolo era quedarse aislado como los demás”. El tío de Ana María falleció días después “solo, de­samparado y sin ninguna asistencia médica”.

Pasado un tiempo, y animados por las asociaciones de familiares movilizadas por lo ocurrido en las residencias, la familia decidió presentar una demanda. No llegó a traspasar la puerta del despacho del juez. La propia fiscalía la de­sestimó.

Casos archivados
Una gran parte de las denuncias admitidas no llegarán a juicio

La gran mayoría de las denuncias presentadas contra los responsables de las residencias y contra la administración que debía velar por el buen funcionamiento de estos servicios han acabado en la papelera.

Solo en algunos juzgados sobrevive la esperanza de hallar un amparo en la Justicia a lo que ya es irreparable. Una decisión que, en buena medida, parece depender de la sensibilidad de los jueces. La fiscalía, en cambio, parece poco proclive a asumir estas causas.

Mertxe Hernández también presentó una denuncia, en este caso por el fallecimiento de su padre. Lo hizo junto a otros afectados que también presentaron su caso ante el Síndic de Greuges, que les comunicó que lo trasladaba a la fiscalía. Luego llegó la decisión. También quedó archivada.

Otras denuncias, en cambio, sí han prosperado. Es el caso de la muerte de una mujer de 72 años en el Centre Social i Sanitari Frederica Montseny de Viladecans. Es un asunto doblemente sangrante, porque a la denuncia penal por homicidio imprudente, admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 8 de Gavà, se añade otra por robo. Cuando pudieron acceder a la habitación sus familiares echaron en falta numerosos objetos. Habían desaparecido joyas con pedrería, todos sus enseres, la cosmética que utilizaba y una televisión; ésta fue recuperada posteriormente.

Un ejemplo ilustrativo
No prospera el caso de una familia a la que se negó un traslado al hospital que era viable

Según relatan sus allegados, que prefieren mantener el anonimato, su familiar era una mujer que padecía una enfermedad mental leve, pero estaba, en general, en buen estado de salud. El 27 de marzo se le detectó lo que parecía una infección de orina y apenas ocho días después había muerto, después de entrar unos pocos días en cuidados paliativos. Nadie en la familia sabe qué ocurrió entre esas dos fechas. El acta de defunción, firmada por uno de los médicos del centro, M.S.A., señala la causa: “Fallo multiorgánico”. Ningún familiar pudo verla o acompañarla en esos días finales. “Otro de los problemas es que el médico de la mañana decía que la señora estaba perfectamente y el de la tarde que estaba mal”, explica su abogada, Teresa Rivas Domínguez. Esta mujer nunca fue trasladada a un hospital. La directora del geriátrico era por entonces Lourdes García; fue relevada y a partir del 29 de abril fue nombrada Pilar Closa; ésta ha declarado ya en sede judicial. García lo hará el próximo 4 de marzo.

No hay un criterio común

Lo que más sorprende de este caso es que esta demanda haya prosperado y en cambio otras casi idénticas, como la que describía Ana María Garrido en el arranque de esta crónica, no haya sido admitida.

La Coordinadora de Residencias, una de las principales asociaciones de familiares de usuarios de la red residencial en Catalunya y de las más activas en España, presentó en mayo una demanda en el que denunciaba lo ocurrido en unas veinte residencias de la región metropolitana de Barcelona.

La demanda incluía informes pormenorizados y también testimonios de familiares e incluso trabajadores de estos centros. El escrito subrayaba la carencia de medios de protección, la falta de preparación para los cuidados en una situación extrema como aquella y sobre todo la constatación de que no hubo derivaciones a los hospitales para muchos usuarios cuando, en opinión de las familias, los necesitaban. La demanda fue desestimada de una tacada.

Hay casos flagrantes que han sido archivados: por ejemplo, el de una familia a la que su residencia denegó el traslado al hospital a pesar de que, como luego se demostró, era viable. Esto fue bastante común en la primera ola: no se trasladaba a los enfermos si no lo pedían –si no lo exigían– directamente los familiares.

Otros casos en cambio, han seguido su curso. Por ejemplo, el de una familia que ha logrado que la fiscalía investigue por qué la información médica que les ofrecieron sobre el estado de su pariente era falsa.

Hasta finales de junio, la Fiscalía General del Estado publicaba semanalmente una relación de los casos abiertos en relación a lo sucedido en las residencias que, en aquel momento, tenía conmocionada a la opinión pública.

En uno de los últimos informes, del pasado junio, estaban abiertas por las fiscalías 113 causas por la vía penal y había 174 diligencias judiciales abiertas en toda España. En julio las diligencias de investigación de las fiscalías alcanzarían las 228 En algunos casos se trataba sólo de meros seguimientos sobre la situación puntual de una residencia y en otras eran ya acusaciones formales presentadas por familiares y por las que se habían abierto diligencias.

Catalunya era la que tenía más casos en trámite, 35 diligencias de investigación penal –33 en Barcelona, 1 en Girona y 1 en Lleida– seguida de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

A finales de diciembre, de las investigaciones iniciadas en la provincia de Barcelona sólo 6 siguen todavía en trámite, según fuentes de la fiscalía y ninguno de los casos ha llegado aún al juzgado.

Entre los motivos por los que se han sobreseído estas denuncias, la fiscalía de Barcelona señala que los perjudicados han acudido directamente a los tribunales, que los hechos ocurrieron en otras demarcaciones, que directamente se consideró que no había hechos punibles o que la tipificación planteada en la denuncia no era la adecuada. No obstante fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguran en su descargo que "se toman el problema con interés i sensibilidad"


Otras se han derivado a la jurisdicción civil, en la que hay una veintena de expedientes iniciados.

En Madrid, otra de las comunidades donde se registró un gran número de muertes en las residencias, la fiscalía llegó a incoar 61 diligencias de investigación. De todas ellas, por ahora se ha interpuesto 1 denuncia, 29 están archivadas y 18 aún están en tramitación, pero cuatro de ellas ya están sólo pendientes de un decreto de archivo.

En total, el conjunto de fallecimientos que abarcan todas estas investigaciones, a día de hoy, suman 133 personas, cuando las estimaciones –a falta de datos fiables de las administraciones– señalan que en España han fallecido alrededor de 24.000 personas en las residencias. Esto significaría que en torno al 60% de las víctimas de la pandemia registradas hasta ahora eran usuarios de estos servicios.

El Supremo instó a los juzgados a investigar qué ha pasado

La pregunta que se hacen muchas familias es cómo es posible que no se investigue este desastre.

Todo ello a pesar de que el propio Tribunal Supremo instó a todos los juzgados a investigar qué ocurrió en las residencias, especialmente en los primeros meses de la pandemia. Lo hizo en el auto de la sala segunda, presidida por el magistrado Manuel Marchena, en la que precisamente decidió no admitir las querellas presentadas contra miembros del Gobierno aforados por considerar que “no quedaba debidamente justificada la comisión de los hechos punibles”.

No obstante, los magistrados, en este auto publicado el pasado 18 de diciembre, sí consideran que son perseguibles en otros tribunales los hechos que denuncian las familias.

Así, el Supremo propone que los jueces de instrucción investiguen “si esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquellas son susceptibles de reproche penal”. Y del mismo modo, pide que se averigüe “el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad que, por su propia naturaleza, debía haber sido, siempre y en todo caso, un acto médico”.

Además, subraya el Tribunal, “la instrucción deberá esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho”.

Pese al impulso dado por el alto tribunal, el abogado defensor de una asociación de residencias catalana cree que la mayor parte de las demandas por la vía penal van a decaer. En estos momentos, explica, su despacho sólo tiene vivas dos demandas contra sus clientes “y creo que van camino de quedar archivadas”.

Catalunya: tres centroscon expediente de cierre
La inspección de Serveis Socials del departamento de Afers Socials de la Generalitat ha propuesto cerrar tres residencias tras la crisis del coronavirus y otras cinco están pendientes de que concluya el expediente abierto. En total, según los datos aportados por el departamento que dirige Chakir El Homrani, se llegaron a abrir 51 expedientes sobre un total de 1.048 centros existentes en Catalunya. De ellos, en 31 casos, la Generalitat ha trasladado la información a la fiscalía para que determine si procede investigar qué ocurrió. Además, el departamento ha cursado o está cursando 12 peticiones de información de la fiscalía sobre casos relacionados con la crisis. Por el momento a la Generalitat no le consta ninguna denuncia contra el departamento aunque sí reconoce que hay cinco diligencias judiciales abiertas de las que tres atañen a centros públicos gestionados por la Generalitat.

En un sentido parecido se explica el director de una residencia en Barcelona, que prefiere mantenerse en el anonimato: “La carga de la prueba –este señor mató a mi padre tal día a tal hora– es muy difícil de concretar en estas circunstancias. Además –sospecha–, al final de estas causas está la sanidad pública, que es quien debía decidir sobre los traslados y no creo que la fiscalía esté por la labor de abrir una causa que acabará yendo contra la administración”.

La historia judicial española (ver despiece) demuestra que una crisis con muchos afectados en el que la Administración podría ser el último responsable casi nunca ha concluido con una compensación digna para los afectados.

La jurisdicción civil es la otra vía en la que algunos familiares tratarán de buscar reparación. Pero es una vía lenta y extremadamente burocrática. Para muestra, un botón: la sección civil de la fiscalía de Barcelona ha enviado recientemente un requerimiento a todas las residencias geriátricas de la provincia donde se les solicita que se le informe sobre los protocolos que se están siguiendo en este momento; si hay ingresos hospitalarios; si ha habido fallecimientos y qué práctica se sigue en relación a las pruebas PCR; si tienen carencias de personal y si tienen profesionales enfermos; si cuentan con material de protección y habitaciones para aislar a los enfermos de covid; si se autorizan visitas de familiares al centro; y por último se les insta a que comuniquen a la Fiscalía cualquier agravamiento de la situación en el centro.

Este documento lleva fecha de 3 de diciembre: diez meses después de declararse el primer estado de alarma.

De la Talidomida a la Colza
El fracaso de las macrocausas
La experiencia demuestra que las causas judiciales en las que son centenares o miles los afectados y el Estado quien debe responder en última instancia, nunca las decisiones judiciales –y sobre todo su cumplimiento– acaban en favor de las víctimas. Al menos no de todas.

Un caso muy popular en España es el de la Talidomida, un fármaco desarrollado por la empresa alemana Grünenthal GmbH para combatir las náuseas durante los tres primeros meses del embarazo y que se comercializó entre 1957 y 1963. Fue consumido con profusión hasta que comenzó a comprobarse que causaba graves efectos en los fetos y que los bebés padecían graves malformaciones en los brazos y las piernas. Se calcula que en todo el mundo hubo unos 20.000 damnificados. En España pueden ser entre 1.500 y 3.000. Pero a pesar de los terribles efectos causados por el producto, no fue hasta 2010 (48 años después de ser desterrado de las farmacias) cuando la administración española reconoció lo ocurrido, y el Gobierno, entonces dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, dictó un decreto en el que se concedían unas ayudas si se cumplían unos requisitos, como haber nacido entre 1960 y 1965 y tener una minusvalía del 45%. Las indemnizaciones oscilaban entre 60.000 y 100.000 euros, en caso de personas que nacieron sin extremidades. Solo 24 personas se vieron beneficiadas por la norma.

A partir de este reconocimiento, Avite (Asociación de Víctimas de la Talidomida) inició una batalla judicial, que consiguió un primer éxito que fue revocado por la Audiencia de Madrid por estar prescrito el delito, criterio admitido por el Tribunal Supremo en 2013. Con el Gobierno de Rajoy se ampliaron las ayudas. Se reconoció a 103 damnificados, pero nunca se les ha indemnizado. La mayoría de las víctimas tienen hoy 60 años.

Otro caso parecido es el del aceite de colza, que afectó a unas 25.000 personas y causó unos 5.000 fallecidos en toda España, según las estimaciones de la plataforma Seguimos Viviendo. Al trascender la magnitud de los estragos producidos por el aceite se abrió una investigación judicial que concluyó con el primer macrojuicio que se celebró en España. El escenario fue la Audiencia Nacional, la fecha de inicio el 30 de marzo de 1987 y en el banquillo se sentaron 38 industriales e intermediarios del aceite asesino. A pesar de la elevada petición de penas efectuada por la Fiscalía, tan solo dos de los acusados recibieron condenas privativas de libertad, mientras que once recibieron castigos menores. En 1992, el Tribunal Supremo elevó algo las condenas, pero los acusados se declararon insolventes. En 1997, el Tribunal Supremo declaró la responsabilidad económica del Estado. Las reparaciones comenzaron a pagarse en 1999 (a los 18 años de conocerse el síndrome tóxico) y se abonaron hasta 2017. Hubo quien empezó a recibir el pago en pesetas y lo acabó percibiendo en euros. Carmen Cortés, coordinadora de Seguimos Viviendo, expresa que “el Estado ha maltratado a las víctimas, da igual si en el Gobierno estaba UCD, el PSOE o el PP. Se nos ha olvidado”.

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