domingo, 3 de enero de 2021

EL PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO, SOLO PARA LAS GRANDES CORPORACIONES


Blanca Bayas
Observatori del Deute en la Globalització
Samuel Martín-Sosa Rodríguez

Ecologistas en Acción
Luis Flores

Ecologistas en Acción
2 ENE 2021 10:00

El último día del “año de la pandemia” se publicó el Real Decreto-ley 36/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, la norma que sienta las bases de cómo se van a adjudicar los tan esperados fondos europeos para la recuperación tras la pandemia. Si hacemos balance de este año funesto, podemos identificar enseguida qué cosas necesitaríamos poner en marcha con ese dinero.

La crisis sanitaria mundial, que ha acabado con la vida de más de un millón de personas y que está generando enormes estragos económicos, sociales y de cuidados, ha puesto de manifiesto que nuestro sistema no es en absoluto resiliente. La relación de nuestro sistema económico ecocida con la aparición de pandemias ha sido ampliamente evidenciada. La fragilidad de todo aquello que sostiene la vida ha quedado expuesta: el trabajo socialmente necesario en condiciones dignas, los servicios básicos de garantía pública y universal para satisfacer las necesidades de todas las personas, el trabajo colectivo de cuidados... Los desiguales efectos de la pandemia han evidenciado y agudizado, además, los enormes desequilibrios sociales preexistentes.

En vista de ello parece evidente que el dinero de la recuperación debería servir para sentar las bases de un sistema que respete los ecosistemas, que evite el cambio climático, que fortalezca el sector público y los sistemas de protección social, que apuntale el sistema sanitario, que reduzca las desigualdades, que promueva una economía al servicio de las personas y no del beneficio privado...

Todo apunta a que se tratará de un plan de recuperación, sí. Pero no de la gente y de lo público, sino de las grandes corporaciones

La enorme cantidad de dinero que llegará a nuestro estado (hasta 140.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones) representa la esperanza de una parte importante de la población, ampliamente afectada por la situación económica, que ve en este plan una tabla salvavidas. Pero tanto la gestación del Real decreto-ley como su contenido solo invitan al pesimismo. Todo apunta a que se tratará de un plan de recuperación, sí. Pero no de la gente y de lo público, sino de las grandes corporaciones.

A medida del sector privado

El Real decreto-ley tal como se ha publicado coincide en gran medida en sus principios básicos con la propuesta de contenidos que hizo en su día la patronal CEOE,elaborada entre abogados de Cuatrecasas, Garrigues, Uría-Menéndez y PwC. Es decir, son los representantes de las grandes empresas quienes han sentado las bases del reparto de unos fondos a los que optan, en una suerte de dejación de funciones de los poderes públicos democráticamente elegidos, que renuncian de alguna manera a marcar la pauta planificadora en el proceso de reconstrucción. Esa invitación al sector privado a dominar todo el proceso relativo a la recepción de los fondos ya se vio de forma clara cuando el gobierno pidió ayuda hace unos meses a las grandes consultoras para identificar y presentar posibles proyectos candidatos. El texto aprobado marca desde el principio el objetivo de impulsar la inversión privada.

Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol o El Corte Inglés son algunas de las que han anunciado ya la presentación de proyectos multimillonarios

Las corporaciones ya han venido engrasando toda la maquinaria para el momento en que los fondos lleguen, como lo demuestra la oficina técnica creada conjuntamente por la CEOE y PwC para recopilar proyectos de las grandes empresas y presentarlos directamente al gobierno. Se trata de un lobby en toda regla, que ofrece como un servicio la presentación de proyectos de sus clientes a los destinatarios adecuados en los ministerios a través de “ventanillas informales”, saltándose cualquier principio de mínima transparencia o concurrencia competitiva. Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol o El Corte Inglés son algunas de las que han anunciado ya la presentación de proyectos multimillonarios. Sólo los proyectos presentados por Endesa ya supondrían uno de cada cinco euros de las subvenciones totales de Europa para el conjunto del Estado.

Consagración de las colaboraciones público-privadas

El Real decreto-ley crea una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), para la ejecución de los proyectos de inversión dotados con fondos europeos. Los PERTE forman parte de un formato de “economía mixta”, muy poco regulada en el Estado español, en el que el sector público asume los riesgos y responde con garantías mientras el sector privado recibe los beneficios por la construcción y/o gestión de bienes o servicios.

El Real decreto-ley al tiempo que asienta este modelo privatizador evita abrir la puerta a modelos públicos, o público-comunitarios

Las colaboraciones público-privadas han sido cuestionadas por un informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Conocemos ya muchos ejemplos en los que el Estado acaba incluso endeudándose para pagar la cuenta a las empresas, que cada vez corren menos riesgos (véase a modo de ejemplo el caso Castor). Así, el Real decreto-ley al tiempo que asienta este modelo privatizador evita abrir la puerta a modelos públicos, o público-comunitarios.

Eliminación de garantías y acortamiento de plazos en aras de la “urgencia”

La necesaria recuperación económica introduce una noción de “urgencia” en la recepción de los fondos que lleva a la modificación, a través del Real decreto-ley, de una serie de leyes para acortar trámites. Se trata de las leyes de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015), de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017), de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013), y otras normativas sobre prevención y control de la contaminación, y emisiones industriales, “con el fin de agilizar los plazos previstos para la concesión de la autorización ambiental” de los proyectos que reciban fondos. En el caso de la evaluación de impacto ambiental las mermas en los plazos son sustanciales: por lo general los plazos de 15 meses pasan a 12 o incluso a 9, los de 4 meses a 3, los de 15 días a 10…hablamos de una ley que resulta indispensable para la protección del medio ambiente y que tiene que garantizar la incorporación de criterios de sostenibilidad en los proyectos, planes y programas. Si la recuperación tras la pandemia pretende precisamente acelerar la transición ecológica parece evidente que abreviar los procesos de evaluación de los impactos ambientales no es una buena idea. 

El Real decreto-ley convierte la excepción en norma para todo lo relativo a los fondos permitiendo incluso muchas situaciones de adjudicación de contratos a dedo y contratos de urgencia. No hay que olvidar que contratos de urgencia similares a los que se plantean han sido denunciados por sobrecoste e ineficiencia (hospital de pandemias en Madrid, Ferrovial en Cataluña,…) e incluso criticados por el propio organismo encargado de su supervisión.

Y es que el argumento de la “urgencia” es cuestionable cuando no se trata de fondos de rescate para aliviar de forma inmediata la situación de personas trabajadoras que han visto su actividad súbitamente interrumpida por la pandemia, sino que se trata de fondos para reorientar a largo plazo la actividad socioeconómica de un estado hacia parámetros de sostenibilidad y resiliencia.

Ausencia de mecanismos de control y planificación que garanticen la transición socioecológica

El Real decreto-ley crea el Fondo de restauración ecológica y resiliencia (FRER) y modifica el régimen del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2). Pero cabe preguntarse si la creación de fondos especiales con cargo a los presupuestos generales del Estado son una garantía per se del cumplimiento de los objetivos de gasto climático (37% del total del plan de recuperación) y protección de la biodiversidad a los que obligan los criterios aprobados a nivel europeo en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (el reglamento que marca a nivel europeo los criterios de los planes de recuperación nacionales). Asimismo a nivel europeo se establece que todo el dinero de la recuperación debe responder al principio de “no causar perjuicio significativo”, es decir, no se puede financiar nada que sea dañino para el medio ambiente. No aparecen en el Real decreto-ley elementos que permitan deducir que existe una garantía de que este principio vaya a actuar como un marco general para todos los proyectos a financiar.

En definitiva, el real decreto-ley más parece una fórmula que garantiza que los fondos europeos apuntalarán el statu quo: la transición ecológica como concepto es aceptada si logramos convertirla en una nueva oportunidad de negocio para las grandes empresas controlando y acaparando los fondos para ejecutarla. Las mismas empresas que ya están pidiendo reformas estructurales para acometer nuevos recortes económicos y sociales, una vez les sea transferido el dinero público de estos fondos.

La transición ecológica como concepto es aceptada si logramos convertirla en una nueva oportunidad de negocio para las grandes empresas controlando y acaparando los fondos para ejecutarla

En un momento en que las PYME, autónomos, asalariados de cualquier sector, las cooperativas y empresas de la economía social y solidaria y la ciudadanía en general esperan angustiados cualquier información sobre las ayudas europeas y sobre dónde presentar sus proyectos para optar a los fondos, la realidad es que la tarta se está repartiendo a otros niveles.

El Real decreto-ley marca la transición ecológica como horizonte. Y en efecto, hacia ese horizonte hemos de ir, pero no de la forma que lo propone. Seguir apostando por aumentar los beneficios económicos de grandes empresas contaminantes que vulneran los derechos de las trabajadoras no supone ninguna transición, sino más de lo mismo. Queremos la transición de la planificación y gestión pública y de las colaboraciones público-comunitarias, no la de las colaboraciones público-privadas. Queremos la que favorece una economía de planificación y gestión pública, la de la economía feminista, social y solidaria. Si estamos a tiempo de recuperarnos de las lógicas sistémicas que han provocado esta pandemia, solo podrá ser desde estas premisas.

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