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viernes, 28 de septiembre de 2018

LA JUSTICIA ESPAÑOLA ES UNA CASA DE P...



Una nueva trama de corrupción judicial ha sido descubierta con ocasión de las informaciones publicadas por Diario 16 sobre la falsificación de las decisiones tomadas en la Permanente del CGPJ del día 14 de enero de 2016, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna de los candidatos para un puesto de magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, entre ellos Pablo Llarena, y de la terna de los candidatos para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez.

Una jueza sustituta, Ana Isabel Flores García, ha reconocido en un incidente de recusación planteado hace escasos días que detrás de su designación podría esconderse una trama de corrupción para el nombramiento ilegal de jueces sustitutos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cuyo presidente es precisamente Vicente Rouco Rodríguez.

En el escrito de recusación se denunciaba que era “a todas luces inaudito, y además podría ser constitutivo de un delito de prevaricación, el hecho de que sea personalmente Vicente Rouco Rodríguez quien designe en solitario a las juezas sustitutas que se han de ocupar de los juzgados que están llevando asuntos personales del mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia, o que le afectan directa o indirectamente”.

Se refería la denuncia a la situación alarmante que atraviesa un juzgado de la provincia de Toledo donde en menos de seis meses han coincidido sucesivamente hasta tres juezas sustitutas: Ruth Taboada Mariño, María del Carmen Pozuelo Sánchez, y Ana Isabel Flores García. Se da la circunstancia de que concretamente en ese juzgado se concitan un elevado número de procedimientos judiciales iniciados personalmente por el propio Vicente Rouco o a su instancia, lo que traslada a las juezas sustitutas que él designa el mismo conflicto de intereses.

Si a esto le unimos el hecho de que ni en los nombramientos ni en los ceses se está observando por el presidente del TSJCLM la doctrina reiterada de la Sala 3ª del Tribunal Supremo según la cual “los nombramientos que hagan cesar a jueces sustitutos solo son válidos si se realizan mediante el procedimiento ordinario de concurso” entonces estaríamos hablando ya no solo de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias sino también del delito de nombramientos ilegales de funcionarios públicos.


La respuesta que ha dado a todas estas cuestiones la jueza sustituta Ana Isabel Flores García en el incidente de su recusación ha sido aún más inquietante que la propia denuncia, respondiendo por escrito en un Auto muy reciente lo siguiente: “le invito a que si tan interesado está en conocer cómo se realizan los nombramientos, lo investigue por sí mismo si quiere y tiene tiempo. No es esta resolución el momento oportuno para explicárselo al recusante, que si tiene mucho tiempo libre podrá hacerlo por sí mismo”.

Esta negativa de la jueza sustituta a que se investigue por el juzgado su propio nombramiento no hace más que confirmar las sospechas de la comisión de los delitos que precisamente no quiere que se investiguen por el juzgado, los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y nombramientos ilegales de funcionarios públicos.

Hay que tener en cuenta que Vicente Rouco ya había sido denunciado por estos mismos hechos ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, lo que obligó a CarlosLesmes a hacerle entrega precipitadamente de la medalla de San Raimundo de Peñafort antes de que fuera admitida a trámite la querella, consiguiendo con ello el archivo anticipado de las actuaciones penales.

Por esa razón, la terna para cubrir la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha era la más vulnerable de todas las que se decidieron en la Permanente del día 14 de enero del año 2016.

La amistad entre Pablo Llarena, Vicente Rouco y Carlos Lesmes venía de hace tiempo, y se consolidó cuando el primero con ayuda del segundo alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013. En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección, para un periodo de dos años más en el cargo de presidente de la asociación, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura “de consenso” liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.

Era evidente entonces que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable, según ha desvelado Diario 16.

Por esa razón se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.

Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria, y protegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.

Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se “desactivó” haciéndolo constar con un simple “voto en contra”, sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido, con lo que se vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar.

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