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miércoles, 27 de junio de 2018

LA MAFIA ELÉCTRICA REPERCUTIRÁ EL SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS EN EL RECIBO

Cuando las eléctricas tienen superávit no repercute en el recibo de la luz, cuando requieren inversión para mejorar el tendido, a pagar el usuario, por si alguien tiene alguna duda de la gran estafa que suponen las eléctricas, que vuelva a preparar el bolsillo, eso sí, protestas no se ve ninguna, parece ser que esa técnica de robar poca cantidad, mes a mes, no molesta a la ciudadanía y, sólo lo llevan haciendo cuatro décadas.


Tomás Díaz

Hoy vence el plazo para presentar alegaciones al Ministerio de Transición Ecológica sobre un Real Decreto que actualiza la regulación del acceso y la conexión a las redes eléctricas. Entre otras medidas, acata una sentencia del Supremo y reconoce los costes de las empresas al soterrar las líneas en núcleos urbanos -de cuatro a diez veces más elevados que los de los tendidos aéreos- repercutiéndolos sobre el sistema y los consumidores.

De acuerdo con los estándares de costes de la normativa de las redes eléctricas, un kilómetro de línea aérea a 123 kV exige invertir 160.000 euros, mientras que si va soterrado, la cantidad se incrementa hasta los 665.000 euros, cuatro veces más. No es un caso extremo -se llega a multiplicar por 10- y su mantenimiento exige un desembolso seis o siete veces mayor.


Los ayuntamientos pueden exigir que se entierren las líneas eléctricas, ya sean de transporte -alta tensión- o de distribución -baja tensión- cuando atraviesen sus suelos urbanizados, y las empresas están obligadas a correr con los costes extraordinarios que el soterramiento provoca, porque en la actualidad cobran esas infraestructuras como si fueran tendidos aéreos. Las compañías se quejaron, apelaron a la Justicia, y ganaron.

La Administración decide

Por eso, un borrador de decreto lanzado por el desaparecido Ministerio de Energía cambia la situación y permite al Estado o a las comunidaes autónomas -competentes en las redes de baja tensión- retribuir el soterramiento, de modo que se cargue sobre los peajes del sistema eléctrico, y lo abonen los consumidores en el recibo de la luz.

Esta repercusión sobre el conjunto de los consumidores del país tiene, no obstante, sus límites, para evitar la tentación a los políticos avispados de meter bajo el cemento todas las líneas de su territorio a costa de todos: hay rangos de distancias en las que se puede aplicar y, si se superan, paga la población local.

La medida, lógicamente, evitará conflictos entre los distintos niveles de la Administración y las empresas eléctricas, y aunque las líneas subterráneas no son habituales, el crecimiento de los núcleos urbanos y de las propias redes para absorber nuevas instalaciones de generación distribuida de pequeño tamaño auguran un incremento de su presencia.

Además, en Europa empiezan a enterrarse las redes para evitar el impacto ambiental y la oposición de la población cercana a los tendidos, como ya ocurrió con la última interconexión entre España y Francia. En Alemania, por ejemplo, para evitar los retrasos en nuevas infraestructuras que canalicen generación renovable, se están soterrando líneas con cientos de kilómetros.

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