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lunes, 29 de enero de 2018

¿HACEN FALTA MÁS PRUEBAS PARA DEMOSTRAR QUE LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA EN ESTE PAÍS SON UNA MAFIA?



La Fiscalía de Madrid ha solicitado el archivo de la causa contra el Partido Popular por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por haber destruido los ordenados de su extesorero, Luis Bárcenas, después de que éste asegurase al juez que investigaba la contabilidad b del partido, que todos los apuntes sobre la caja b los tenía en sus ordenadores, que se encontraban en la sede donde él no podía acceder.
En un comunicado, la Fiscalía explica que su postura en el escrito de acusación es la misma que ha mantenido desde el principio. La causa ha seguido adelante en contra del criterio de la Fiscalía pero bajo la acusación de Observatori de Drets Humans, Izquierda Unida y Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Además, la juez de Madrid encargada del caso siempre ha visto indicios de delitos contra el PP por destruir los ordenadores de Bárcenas cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz los había requerido para su investigación. Se los entregaron con los discos duros destrozados para no poder acceder a la información que el extesorero guardaba en los dispositivos.
Para la Fiscalía no ha quedado acreditado cuál era la información que contenía los ordenadores ni que dicha información fuera “relevante” para los hechos que se investigaban.

“Doctrina Botín”

“En síntesis, la Fiscalía entiende que dado que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por este hecho, lo que conlleva la pérdida de su condición de acusación particular, las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger”, alega.
De esta manera, solicita que en este caso se aplique la doctrina del Tribunal Supremo sobre la interpretación del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Sentencias del Tribunal Supremo 1045/2007 (conocida como “doctrina Botin”) 54/2008 y 8/2010 (“doctrina Atuxa”)
Sobre el delito de encubrimiento, la Fiscalía sostiene que este tipo penal no es aplicable a una persona jurídica -en este caso el PP- sino que la ley sólo prevé que sea aplicable a una persona física.

Duda de la propiedad de Bárcenas

En su escrito de conclusiones absolutorias, el Ministerio Público recuerda que en la etapa de Bárcenas como tesorero del PP se le adjudicó un despacho en la sede de dicha formación política para su utilización “exclusiva” y “personal” donde guardaba diferentes objetos, entre ellos dos ordenadores personales, cuya propiedad no se ha podido acreditar.
El Ministerio Público recuerda que pese a que le extesorero del PP denunció a la formación política de haberse apropiado indebidamente de sus ordenadores, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid le respondió que para realizar una exigencia de tales características antes debía acreditar que los ordenadores eran suyos y que utilizara otra vía para reclamarlos.

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