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martes, 23 de enero de 2018

EL CATALÁN ERRANTE Y BERLANGA



La Gran Nación, al decir del Rey y Rajoy tuvo ayer tres momentos estelares que dejaron suspensos y maravillados a los vecinos europeos. Abrió la gloriosa jornada una inauguración de AVE Valencia-Castellón a cargo del presidente del gobierno de contenido profundamente berlanguiano que el periodista ha sintetizado con buril: La inauguración más ridícula: invitan a Barberá, el tren se retrasa y Rajoy lo confunde con un avión. Lo de Barberá es el famoso humor negroespañol; lo del retraso (al parecer el AVE era sobrepasado por los cercanías) pertenece a la recia tradición hispánica. Es lo de la confusión con el avión lo que los medios no han entendido, atribuyéndola al proceloso mundo mental de Rajoy. Error. La confusión es un típico acto fallido freudiano. El hombre estaba pensando en el aeropuerto "para las personas" de su amigo Fabra en Castellón. Subconscientemente deseaba que tuviera pasajeros. 4.700 nada menos.

El segundo momento fue al hacerse pública la calificación de cero al expresidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, en su aspiración a formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De inmediato se ha achacado a su falta de dominio de las lenguas francesa e inglesa, pero él asegura que eso es un infundio y que hizo el examen en francés e inglés. No obstante, obtvo cero puntos. El Supremo ya tumbó el año pasado su candidatura a ese mismo puesto, propuesta por el gobierno. Sin duda la pretensión de un juez tan partidista de entrar en el TEDH está teledirigida desde el gobierno y otros sectores de la judicatura en previsión de los recursos que allí se planteen por los procesos del independentismo en España. Lo de siempre, la unidad de acción del gobierno y los tribunales, del príncipe y la justicia, en donde esta desaparece.

Justo lo que transpira el último episodio del prófugo Puigdemont en el viaje sin retorno conocido a Copenhague que tiene en suspenso a las instituciones del país, sus gobernantes y los medios. Sobre todo los medios, que no paran de hacer las más disparatadas cábalas sobre el sentido de los siempre sorprendentes movimientos de Pimpinela/Degaulle. Con ello contribuyen a subrayar el éxito mediático del presidente, dándole una aureola de líder europeo, respetado en círculos académicos y haciéndose eco de su mayor éxito: la internacionalización de la causa catalana. La ayuda de los medios, incluso en contra de su voluntad (¡qué más quisieran que silenciarla como hace TVE!), es vital en este proyecto, incluso cuando lo interpretan por la vía del delirio.

Los medios dan pábulo a las especiosas razones por las que el juez Llarena deja de hacer lo que, en principio, parece estar obligado a hacer, esto es, dictar una orden urgente de detención contra Puigdemont, como le pide la fiscalía. En lugar de ello, el juez, muy pícaro, interpreta la intención oculta del proceder de Puigdemont como la de forzar su detención para así ser investido por voto delegado. Y la frustra astutamente. No será él quien caiga en la trampa de ayudar a que Puigdemont burle la ley, obteniendo una investidura que es ilegal. 

Suena a patraña y lo es, a intento de desviar la atención del lamentable hecho de que los danesas ya le han dicho que deje las euroórdenes quietas y no provoque. En el fondo, el asunto es elemental. El  punto de apoyo del "razonamiento" judicial es falso pues la investidura de Puigdemont no es ilegal. El dictamen de los letrados que el juez esgrime no es vinculante. Y no hay norma alguna que prohíba la investidura. Solo hay la voluntad del gobierno de impedirla a base de declararla ilegal sin base jurídica, simplemente por la voluntad omnímoda de M. Rajoy a través del 155. Al dar por ilegal algo solo porque lo dice el gobierno, el Supremo se convierte en un órgano de este. Si la base de la acción de los jueces son las consideraciones de conveniencia política de los gobiernos, hablar de división de poderes y Estado de derecho es un sarcasmo.

Es el día a día de un Estado fallido confrontado a una crisis constitucional que no entiende ni está en situación de resolver. Y esa es la situación que el PSOE consagra bajo su exclusiva responsabilidad dado que Podemos y los indepes en el Congreso se han comprometido a apoyar una moción de censura sin contraprestaciones. Es, pues, el PSOE el que responde de que siga en vigor la reforma laboral, la ley mordaza, el saqueo de las pensiones, el expolio de lo público, la corrupción. Y todo en aras de una unidad de España que ni él ni su aliado saben cómo mantener si no es por la violencia.

Para nada. No es posible doblegar por la violencia a más de dos millones de personas. 
Se comprobó el 1º de octubre de 2017. Habrá govern independentista en la Generalitat
 y habrá que negociar con él una salida a una situación que no solamente es un fracaso 
sino algo profundamente injusto con quienes han sufrido y sufren una represión 
desproporcionada a manos del derecho penal del enemigo.

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