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miércoles, 13 de diciembre de 2017

CLARO: VUELTA A LA LEY DE VERDAD


El propósito de los separatistas, que El País reputa detestable y por eso usa el verbo "planear", que siempre suena sospechoso, parece, con todos los respetos, bastante razonable. Habiendo dicho los tales separatistas repetidamente que no aceptan sus destituciones, persecuciones, encarcelamientos, etc., carecería de sentido resignarse a ellas e iniciar una nueva etapa de sumisión o acatamiento que dirían los jueces. ¿Qué otra cosa haría el propio El País de encontrarse en la situación del Govern por más que el supuesto resulte muy inverosímil? Él y cualquier otro. Te prohíben hacer algo, pleiteas (en este caso, vas a unas elecciones), ganas, y sigues haciendo lo que estabas haciendo. ¿Qué, si no?

Además, la vuelta a la situación anterior tendrá efectos en muchos ámbitos, no solo en el terreno declarativo, normativo, público, sino también en las relaciones privadas de mucha gente. El movimiento independentista tiene bastante de esto, de imbricación entre las instituciones y la sociedad civil, entre lo público y lo privado. Por ejemplo, servirá, sin duda, para levantar ese injusto embargo a la vivienda del expresidente Mas y, con un poco de empeño dejar sin efecto las multas, medidas confiscatorias y agresión a los patrimonios personales o familiares a que tan aficionado es el gobierno. 

Volver al régimen anterior al 155 es volver a la seguridad jurídica de la ciudadanía frente a la arbitrariedad de la norma de excepción. ¿Que la orientación política de ese régimen de derecho no gusta a las autoridades españolas? Deberán plantear el asunto en el terreno de la negociación política, no en el de la persecución penal de los ciudadanos y menos tratando de arruinarlos.

Par dessus le marché, piénsese la autoridad con que el gobierno de la Gürtel impone esas medidas represivas de carácter económico. Mas y sus colaboradores han de responder con su patrimonio por los actos conducentes a los hechos que se reprochan, la consulta, el referéndum, la independencia. Pero los gobernantes del PP que han cometido delitos ya juzgados o siendo juzgados por los tribunales no son objeto de medidas confiscatorias como los indepes catalanes y el daño que han hecho ha sido muy superior. El tribunal que ha dictado el embargo de la vivienda de Mas, el Tribunal de Cuentas, en el que se sientan incluso exministros del PP, es un órgano desprestigiado en todos los órdenes de la acción institucional, desde la forma de proveer a la ocupación de cargos y puestos hasta la forma de proceder y la parcialidad de sus decisiones. 

De aquí al 21D vamos a ver de todo porque cunde la conviccción de que, aun siendo unas
 elecciones sin igualdad de oportunidades, sesgadas en todos los aspectos de la campaña y 
los derechos de los candidatos, darán un triunfo del independentismo. La resistencia 
de este ante la represión del Estado, que sigue planteándolo como un problema de orden 
público, siendo constitucional, procede de su carácter colectivo, social, movilizado en redes 
muy activas, interclasista, transversal. Algo que no es posible aniquilar con medidas policiales,
 judiciales y carcelarias.
Publicado por Ramón Cotarelo en 12:56 A.M.

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