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sábado, 30 de diciembre de 2017

AL OTRO LADO DEL ESPEJO



M. Rajoy no vive en la realidad, sino en un apunte contable de la caja B. Pero la realidad vive en Rajoy. Él fabrica la realidad. Nuestros ingresos, nuestros gastos, pensiones, expectativas, nuestras vacaciones, nuestras viviendas, la factura de la luz y hasta nuestros tuits. La realidad es ese conjunto de vaguedades, lugares comunes pelados, silencios viscosos, intenciones torcidas, amenazas, más amenazas, perogrulladas, embustes en que habitualmente consisten las comparecencias de este azote del foro. Da igual por lo demás porque la realidad, en definitiva, es lo que él quiere que sea "en virtud del 155", una norma que no le permite hacer nada de lo que ha hecho, pero sí le permite hacer lo que le dé la gana. Así, tras consultar con su aliado, Rivera, Rajoy advierte de que "la ley no permitirá nuevas rupturas" . Y por ley se entenderá el 155 que, al suspender la Constitución, suspende toda ley excepto la que emane de la voluntad del que la aplica, o sea del dictador.

Una situación de la que es directamente responsable la oposición. PSOE, Podemos, PNV e indepes catalanes tienen en sus manos poner pronto fin a este maelstrom que está devorando la democracia y el Estado de derecho en España. Unos más que otros, cierto. Pónganse todos de acuerdo y presenten una moción de censura para terminar con los desafueros. Resulta inverosímil, dada la posición del PSOE, favorable al 155, incluso por encima de la voluntad mayoritaria del electorado catalán. Cada cual se hace responsable de lo que le parece, como diría M. Rajoy.

Esta situación ya la adelantó Albiol, hoy al frente de un cuarteto de viento en el Parlament por el que sin embargo habla el partido mayoritario en el resto del país. El presidente de este partido, una organización muy mal vista por los jueces y los ciudadanos a quienes ha esquilmado, niega que se pueda ser presidente de la Generalitat en el extranjero y a Urkullu la idea le parece "absurda". Llegará un tiempo en que estas cosas sean posibles en beneficio de todos pero, de momento, la solución es muy sencilla: levántese el 155, exonérese del modo que se quiera a los encarcelados y exiliados, permítase que se constituya el Parlament legalmente y reconózcase lealmente el governsalido de ese Parlament. La cuestión de si ese govern se salta o no la ley no puede prejuzgarse. Debe ser él quien lo decida advertido, además, como ya está con gesto fosco, de que si se sitúa fuera de la ley, de la ley del 155, le caerá un nuevo 155, o el mismo de la quinta anterior.

Este es el escenario previsto. El 155 sigue en funcionamiento y creando una situación de crisis institucional en Catalunya sin precedentes. Los indepes verán si aceptan la convocatoria de Rajoy de constituir el Parlament con candidatos electos en el exilio o en la cárcel y en condiciones de absoluta inseguridad jurídica. Aún no conocemos con exactitud qué derechos políticos son recortados o negados a unos presos preventivos, por qué razón y quién  toma la decisión. Tienen varias opciones que van desde negarse a aceptar la convocatoria por considerarla un chantaje, hasta aceptarla constituyendo el Parlament y posterior govern con substitutos en las listas. Pero esta última, sobre ser prácticamente inviable es inútil porque no resuelve el problema real de la realidad (no de la realidad magmática de Rajoy) que son los presos y exiliados políticos. 

En ningún Estado de derecho puede haber presos políticos, presos de conciencia.

Un conflicto como el de la República Catalana es una cuestión política de rango constitucional que ha de ser tratada mediante negociaciones y acuerdos si es necesario estructurales que vienen exigidos por la voluntad de casi un 50% del electorado y más de dos millones de personas, no por cuatro conspiradores del milenio. Pero también puede verse, y así la ven el gobierno y los jueces, como una cuestión de orden público promovida por unos agitadores al frente de unas turbasy, elevado el tono judicial (que no necesariamente jurídico) como una de delito de sedición, de rebelión, de traición. Cuando se llega a este punto la justicia se convierte en inquisicion y a los ciudadanos se los juzga y condena por sus convicciones.

No es para estar orgulloso. 

No hay más que retirar el 155, detener la represión policial y judicial y ofrecer un referéndum pactado que ya veríamos si los indepes aceptarían tras haber celebrado dos reales (9N 2014, 1/10 2017) y dos al otro lado del espejo (27S 2015, 21D 2017). Si no aceptaran, el conflicto seguramente se enconaría. 

Si aceptaran nos encontraríamos con que en España han costado tres consultas más o menos referendarias así como mil heridos, destrozos, huelgas, agresiones, exilios, multas, cárceles conseguir lo que los escoceses consiguieron tras una breve negociación con el gobierno británico.

Ahora hágase un breve cálculo de eficiencia y aplíquese al confuso triunfalismo del presidente, quien cierra un año sin hablar de la corrupción cuando ya solo debe de quedar él por imputar en la Gürtel.

Publicado por Ramón Cotarelo en 12:30 A.M.

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