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sábado, 11 de noviembre de 2017

¡ALELUYA!, BRUSELAS EMPIEZA A DESPERTAR


La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha solicitado al Tribunal Nacional español información sobre la posible apropiación indebida de fondos europeos (El País, 3 de noviembre). La solicitud se refiere a los contratos públicos de la Comunidad de Madrid que son objeto de investigación en el caso Punica. La solicitud de la OLAF se refiere a la adjudicación de contratos públicos en 2006 por parte del Instituto Imade, una antena de la comunidad madrileña, ganada por la empresa Over Marketing, una compañía sospechosa de haber alimentado el fondo para sobornos, el famoso " Caja B, del Partido Popular.

De acuerdo con un contratista arrepentido de Punica caso, un gran caso de corrupción en la contratación pública, oído de nuevo recientemente por los jueces españoles, la obtención por parte Imade, la agencia de desarrollo de la comunidad de Madrid en Marketing Durante tuvo que financiar campañas para promover las PYME locales y, por lo tanto, la creación de empleo, razón por la cual se obtuvo la cofinanciación europea.

Este contrato está siendo investigado en el caso Punica. El jefe de Over Maeketing, Daniel Horacio Mercado ya ha sido acusado por su presunta participación en la dieta del fondo negro del Partido Popular. Mercado ya reconoció su participación en otro caso de corrupción y fraude, el de "Palma Arena". Cuando la Unidad Operativa Central, la UCO, la estructura de la Guardia Civil responsable de casos de corrupción pública, solicitó a la comunidad de Madrid los contratos relacionados con los contratos de Imade, indicó que estos archivos habían sido extraviados. Los investigadores tienen evidencia de que en 2006 y 2007, el año de elecciones, las diversas compañías de Mercado recibieron contratos multimillonarios de la comunidad de Madrid liderados por el PP. Para el juez, según el diario El País,"Estas asignaciones de mercado se utilizaron para ocultar los pagos de campañas de fiestas de campañas públicas con dinero público". Incluyendo a los europeos así. 

Pero este no es el único caso de malversación europea en España que la OLAF sospecha.

También hizo solicitudes con respecto al uso de fondos europeos en el caso Acuamed. Esta empresa pública especializada en la gestión y distribución de agua y vinculada al gobierno del Partido Popular llevó a cabo muchos proyectos de obras públicas. Trabajos financiados por más de 821 M € por Europa entre 2000 y 2013 . Uno de estos proyectos se refiere al proyecto de desalinización Bajo Almanzaro en Andalucía, que habría generado, según el juez de instrucción,una "compensación indebida" de 40 millones de euros, que implica a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura español . Este proyecto recibió 22,7 millones de euros de fondos FEDER. 

Otros proyectos del mismo tipo que han obtenido financiación europea significativa, como la de la Rambla Gallinera en Valencia, que recibió fondos comunitarios de € 25 millones o la de la desaladora en Torrevieja (Alicante), 29, 5 millones de ayudas europeas también están sujetas a instrucciones de los tribunales españoles. En el caso de Acuamed educado en España, 48 personas ya están acusadas. El nombre del ex ministro español de Agricultura, PP y hoy comisario europeo, Miguel Arrias Cañete, aparece varias veces en el archivo de investigación según la prensa española.

Federico Ramos, ex presidente de la junta directiva de Acuamed antes de ser nombrado subsecretario de la presidencia del gobierno de Rajoy y mano derecha de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, fue obligado a dimitir en enero. Presidió Acuamed cuando los mercados fraudulentos comenzaron a ser detectados por los servicios anticorrupción españoles.

Recordemos que el costo adicional de la corrupción en la contratación pública en España, principalmente en relación con el Partido Popular de Rajoy se estima en 45 mil millones de euros al año, según lComisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMBC).

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