La Comisión Europea dio dos meses al Gobierno español para dejar de controlar directamente la mitad del recibo de la luz y que cediera esa función a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), como establece la legislación europea. Le dio dos meses, pero de eso hace más de un año.

Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España y ya remitió a Madrid en septiembre del año pasado un dictamen motivado en el que amenazaba con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Gobierno seguía blindando su potestad de fijar el importe de los peajes eléctricos. Unos peajes que son cargos incluidos en el recibo de la luz para cubrir los costes reconocidos del sistema eléctrico (transporte, distribución, las ayudas a las renovables…) y que representan cerca del 45% de la factura final de la luz.
Aunque el Ministerio de Energía, comandado por Álvaro Nadal, no ha traspasado esas funciones a la CNMC en todo este tiempo, de que sigue defendiendo que mantener el control de los peajes es una parte crucial de la política energética gubernamental y de que acaba de aprovechar un decreto sobre reorganización del Ministerio para refrendarlo como una competencia propia, Bruselas ha desactivado la amenaza de presentar la denuncia ante el TJUE por incumplimiento de la normativa comunitaria.
El comisario europeo de Energía, el ex ministro español Miguel Arias Cañete, aboga ahora por “la vía del diálogo” con el Gobierno para resolver el conflicto de competencias. Y descarta acudir a los tribunales por este caso porque la denuncia debe limitarse a casos en que “la postura del Estado es absolutamente recalcitrante” y porque la sentencia del TJUE “tardaría unos tres años” en dictarse.
Arias Cañete, que la pasada semana compareció ante la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, se muestra convencido en cualquier caso que “en los próximos días” el Gobierno español dará una “respuesta satisfactoria” y “dirá cómo va a trasponer las directivas”. El comisario europeo subrayó la necesidad de “independencia del regulador, de que haya un regulador que tenga la capacidad de establecer la metodología para hacer las tarifas de las conexiones, el acceso a las redes, y que garantice que no hay acceso discriminado a la red”.
La legislación comunitaria establece que deben ser los supervisores independientes los que fijen los peajes eléctricas y del gas, para evitar que el Gobierno haga política con las facturas de energía. En los últimos años que la fijación de los peajes esté en manos sólo del Ministerio de Energía ha hecho posible rebajas del recibo en año electoral, que se prometa que estarán congelados durante toda la legislatura o pactar un recorte especial del recibo de la industria vasca en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales del Estado.