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lunes, 26 de junio de 2017

PLUSVALÍA; LA CRUDA REALIDAD (Muy interesante)


Ha pasado poco más de un mes desde que el Tribunal Constitucional sentenció que nadie –ni particulares ni empresas– debe pagar la plusvalía muncipal cuando vende un inmueble y esta transacción le genera pérdidas. Y, a pesar del fallo, de su alcance nacional y de haber sido emitido por un órgano como el Constitucional, hoy en día, prácticamente todos los ayuntamientos de España lo siguen cobrando.
Esto es así porque la Ley de Haciendas Locales aún no se ha modificado ni se ha redactado un decreto –como sí han hecho las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa– que contemple la imposibilidad de cobrar este tributo cuando la venta de un inmueble genera pérdidas al contribuyente. Así lo constatan varios abogados consultados por El Confidencial, quienes aseguran que, "hasta que no se cambie la ley, a los ayuntamientos les sigue amparando la ley y siguen cobrando el impuesto aunque se haya producido una pérdida", asegura Nuria Díez, abogada de Legálitas, a El Confidencial.
"Están actuando exactamente igual que venían haciéndolo antes de la sentencia del Constitucional. De tal manera que el cliente tiene que seguir pagando el impuesto. Algunos dan la callada por respuesta, otros siguen desestimando las reclamaciones aferrándose a que aún no hay un cambio normativo que les impida seguir cobrándolo, mientras que otros intentan persuadir a nuestros clientes de palabra, asegurándoles que poner unareclamación es perder el tiempo", añade Díez.
Así lo han constatado también los abogados de Sala & Serra en el último mes. "Aunque no es posible generalizar porque siempre puede haber excepciones, lo cierto es que en los casos en los que hemos acudido a los ayuntamientosdespués de que varios clientes hayan vendido su casa, en ninguno se nos ha preguntado si la transacción ha generado pérdidas. Han girado directamente el impuesto, como han hecho siempre. Al menos nosotros hemos constatado que nada ha cambiado, no pensamos que la sentencia del Constitucionalhaya calado en ellos", explica Marcel Trías, letrado de este despacho que está recomendando a todos aquellos que vendan a pérdidas dejen constancia de ello en la escritura pública de la compraventa.

Cambios en la normativa del País Vasco

A la espera de que llegue el cambio en la normativa a nivel estatal, las Diputaciones de Álava y Guipúzcoa ya han aprobado sendos decretos normativos para adaptar el impuesto de plusvalía municipal a las sentencias del Constitucional –16 de febrero (Guipúzcoa) y 1 de marzo (Álava)– y esta semana seguía sus pasos la de Vizcaya que, aunque el Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre su norma foral, ésta está redactada en los mismos términos que las de sus vecinas y han querido adelantarse a una futura sentencia y unificar criterios.
"Mediante el Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, se modifica el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Guipúzcoa) y mediante el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo, convalidada por la Norma foral 8/2017 (Álava), se acatan las referidas sentencias del Constitucional y se establece que para que nazca la obligación tributaria será necesaria la existencia de incremento de valor de los terrenos puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los mismos", explican desde Sala & Serra.
"Ahora solo nos queda esperar la inminente modificación de Ley de Haciendas Locales en aplicación de la reciente Sentencia del Constitucional, dictada el pasado 11 de mayo, que extiende a todo el territorio nacional la decisión que había adoptado previamente para los territorios forales de Guipúzcoa y Álava", añaden.
Hay que seguir pagando
Por contradictorio que pueda parecer, lo cierto es que, en la práctica, si el ayuntamiento exige el pago del impuesto, "hay que pagar y luego reclamar", recomiendan tanto Nuria Díez como Marcel Trías. "De lo contrario, el cliente se enfrenta a un recargo del 20% sobre la cantidad reclamada, además de los intereses de demora. De ahí que si el ayuntamiento requiere el pago de la plusvalía, primero hay que pagar y luego reclamar su devolución", insiste Trías. Y, como hasta las sentencias del Constitucional, sigue recayendo sobre elvendedor la obligación de demostrar que la transacción le ha generado una pérdida, ya sea a través de informes periciales o tasaciones.

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