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jueves, 29 de junio de 2017

ÉSTOS SON LOS QUE NOS ROBABAN CON LOS "SMS" A 1.20 €



AUTOR: MANUEL ÁNGEL MÉNDEZ

Más de 30 millones de euros defraudados a cerca de un millón de usuarios en España. Son los datos de una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil que ha acabado en el desmantelamiento de una red de empresas españolas dedicada presuntamente a fraude en telefonía móvil a través de alertas y números premium. Hay siete detenidos y al menos seis empresas involucradas, una de ellas Billy Mobile, dos de cuyos fundadores son David Martínez y Jordi Tamargo, impulsores de la web de descargas SeriesYonkis. "Se trata de la operación más importante en años que ha llevado a cabo en España en los últimos años contra el fraude en telefonía móvil", ha señalado esta mañana Juan Sotomayor, responsable de delitos telemáticos de la Guardia Civil y responsable del operativo.
El Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado hoy jueves los datos clave de la operación, bautizada como Rikati, que se venía gestando desde hace tres años y hasta en tres juzgados diferentes de Cataluña. El juzgado de instrucción número 5 de Mollet del Vallès, en Barcelona, es el que finalmente se ha hecho cargo del caso.
Varias fuentes conocedoras de la investigación aseguran que es la más "mediática y compleja" (por la cantidad de dinero supuestamente defraudado) que se ha realizado en España en los útlimos años. La magnitud de la estafa ha llevado a la Guardia Civil a habilitar a partir del jueves una página web donde cualquier usuario podrá introducir su número de móvil, comprobar si ha sido objeto de fraude y realizar las reclamaciones pertinentes.
La investigación se inició en el 2013 tras las denuncias de varias operadoras. Fuentes conocedoras de la misma confirman que Telefónica se presentó desde el inicio como parte afectada. Las defensas de las compañías acusadas intentaron recurrir la presencia de Telefónica en el caso (hasta ahora en secreto de sumario) pero finalmente el juez ha fallado en contra y aceptado la inclusión de la operadora. Las otras dos grandes operadoras del país, Vodafone y Orange, están también personadas en la causa como perjudicadas.
Billy Mobile es una de las empresas clave acusadas. Su defensa da una idea de lo que está en juego: la lleva el bufete de Cristóbal Martell, letrado por cuyo despacho han pasado (y pasan) algunos de los casos más importantes de corrupción en España, como el caso Gürtel, Pujol, Nóos, Messi o Neymar.
La Guardia Civil registró la sede de Billy en Barcelona el pasado marzo. Dos de los dueños de la empresa, David Martínez y Jordi Tamargo, fueron los impulsores de la web de descargas SeriesYonkis, que habían adquirido a su fundador y administrador inicial, Alberto García Sola. Martínez y Tamargo anunciaron en el 2012 el abandono del proyecto de Burn Media SL, propietaria de SeriesYonkis y PeliculasYonkis, para crear a finales de 2013 Billy Mobile, dedicada a la "publicidad en el móvil". El caso de SeriesYonkis está también en la actualidad pendiente de juicio en Murcia.
Según la investigación de la UCO, Billy Mobile y el resto de empresas habrían estafado más de 30 millones de euros mediante alertas o suscripciones premium. Los detenidos creaban aplicaciones para móviles que realizaban llamadas automáticas a números de tarificación adicional o suscribían automáticamente a servicios de mensajes 'premium'. Estas compañías creaban además aplicaciones que realizaban automáticamente las llamadas a altas horas de la madrugada bajando el sonido del teléfono para no ser detectadas.

Para conseguir que los usuarios se descargaran las aplicaciones empleaban el nombre y los logos de otras muy conocidas. Además, las anunciaban como gratuitas en redes sociales y páginas web, cuando en realidad cobraban una vez instaladas en el móvil. La Guardia Civil ha confirmado que distribuían 'apps' fraudulentas tanto en la tienda oficial de Google como en tiendas de terceros, pero solo aplicaciones Android (no iOS para el App Store).
La práctica no es nueva pero es tremendamente efectiva. "Los dueños de estas compñías suelen tener el mismo patrón de comportamiento, gente relativamente joven que no se oculta, que se creen Google, que son prototipos de emprendedores y no tienen conciencia de hacer nada ilegal sino que van al límite y aprovechan los resquicios de la ley", argumenta Sergio de los Santos, especialista en seguridad de Eleven Paths.
De los Santos, que no ha estado involucrado en la investigación, explica que la actividad de Billy se mueve "en una zona gris" en la que la firma se encarga de redirigir al usuario a páginas con "adware agresivo para el móvil" o "aplicaciones Android con malware" de las que la compañía también se lleva una comisión. Es decir, realiza una actividad de intermediación de tráfico en la que ambas partes, intermediario y web final, se reparten los ingresos generados por la suscripción sin consentimiento a alertas y números premium.

Fraude con SMS de pago

Una de las prácticas clave por la que se está investigando a Billy Mobile es la relacionada con los SMS 'premium'. Como en el caso anterior, son varios los actores que intervienen, todos ellos aprovechando los resquicios legales del sistema. La actividad consiste en alquilar un número de teléfono durante un tiempo determinado, por ejemplo, los teléfonos que se utilizan en televisión para concursos dirigidos al público.
Estos servicios 'premium' suelen ser de contenidos como horoscopos o alertas de deportes. La clave es obtener suscriptores a toda costa, da igual cómo, generalmente a través de un enlace engañoso para descargar una película. En esa página se pide el número de teléfono y en alguna parte, "en letra muy pequeña", se indica que se está dando el consentimiento a una suscripción a un servicio de pago. Conseguido. Un usuario más al que se le va a cobrar cantidades desorbitadas por un servicio que no ha solicitado ni usará.
Billy Mobile y el resto de empresas investigadas, cuyos nombres serán revelados este jueves, se enfrentan ahora a uno de los casos de estafa telefónica más graves de los últimos años en nuestro país. Si al final del proceso son declarados culpables, las penas podrían ascender a hasta seis años de cárcel y a cuantiosas multas.

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