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miércoles, 22 de marzo de 2017

TRAS LOS ABUSOS DE LA LUZ..., AHORA EL AGUA



Autor: M.V.
Fotografía: Enrique Villarino

¿Cuánto pagan los ciudadanos por el agua en Europa? La diferencia entre las tarifas más caras y las más baratas asciende al 109% de media, un porcentaje muy inferior al de nuestro país (550%). "España es el territorio con mayor dispersión en los precios del agua. No existe una política tarifaria clara y transparente ni hay unidad de mercado en la gestión", advierte Fernando Calancha, responsable del departamento de Agua en PwC. Un informe de esta misma consultora explica cómo existen comunidades autónomas sin cánones y otras con más de tres. O dicho de otra manera, el montante de la factura que pagamos dependerá de dónde residimos.
Calancha va más allá cuando dice que las tarifas actuales están "por debajo de la media europea y no cubren la totalidad de los costes", algo que impide cumplir el principio de autosuficiencia financiera. Y el problema de base es la ausencia de una normativa común. "Hay demasiadas formas de interpretar cómo fijar los precios o canalizar las inversiones", sostiene el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Garaulet en una mesa redonda organizada por El Confidencial en el Día Mundial del Agua. El diputado socialista Manuel González suscribe sus palabras, no sin antes dejar claro que "el agua es uno de los problemas de envergadura de este país" por detrás de Cataluña. 



La transparencia es clave, sobre todo si hablamos de un bien de acceso universal. "Es mucho más que un bien económico (...) Hace falta pasar de un enfoque puramente tecnocrático a otro basado en la participación ciudadana", precisa Pedro Arrojo, diputado de Unidos Podemos. González censura la opacidad del sistema y exige listados públicos: "¿Cuántas concesiones hay en España? ¿Quién las tiene? ¿De qué superficies estamos hablando?". Y Ciudadanos se suma a las críticas. "Todos sabemos que las concesiones son un cajón desastre para meter a los amigos y eso no puede ser".
Unidos Podemos critica que un bien público pueda estar en manos privadas a través de concesiones. "En los servicios de agua y saneamiento tenemos gestión pública burocrática, desprotegida de información en los ayuntamientos. Y nos dicen que la solución es privatizar.. Pues no, señor. El agua no es un bien comercial". Arrojo carga además contra lo que califica como "anorexización injusta" de la función pública.
"Los ayuntamientos perfectamente podrían instalar una depuradora pidiendo un crédito y avalándolo con una tasa municipal, pero Montoro lo prohíbe: ahoga a los consistorios y les insta a privatizar el servicio si quieren desahogarse. Es una perversión inaceptable", explica el diputado 'morado'.
Ciudadanos precisa que el agua jamás dejará de ser pública. "Otra cosa es quién gestione los sistemas de aducción, saneamiento y alcantarillado: puede ser el propio consistorio, la propia comunidad autónoma, una empresa pública creada ad hoc para ese proyecto (como el Canal de Isabel II) o una empresa privada (como Aguas de Barcelona)", pero eso no implica quitar la titularidad pública a este bien escaso. Eso sí, Garaulet pide "transparencia total" para que todos los ciudadanos sepan si se maneja de forma eficiente.
Los ponentes recuerdan que las infraestructuras comienzan a quedarse obsoletas, con una edad media que oscila entre los 35 y los 40 años. Además, quedan obras pendientes de acuerdo con el plan de saneamiento. "Estamos a la cola de Europa porque sólo tenemos un 33% de las instalaciones que hacen falta para que el agua que sale de nuestras cañerías pueda volver al cauce de los ríos", matiza el diputado 'naranja'. La inversión necesaria asciende a unos 22.000 millones de euros.
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