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domingo, 15 de enero de 2017

LA JUSTICIA ESPAÑOLA SIGUE SIENDO UN CACHONDEO


Lleva 27 meses durmiendo en la cárcel por haber enchufado a dos amiguetes de su partido en empresas públicas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, ciudad de la que fue alcalde durante más de dos décadas, un delito que si se castigara con idéntico rigor en toda España llenaría las cárceles de políticos. 

Pero la condena a Pacheco, al parecer, tenía que ser ejemplar y huele a venganza del sistema judicial contra el primer ciudadano que lanzó al viento, con notoriedad, una denuncia tan certera y precisa que se hizo famosa y sigue vigente, causando bochorno:
"En España, la Justicia es un cachondeo". 


Tras la frase de Pacheco, la Justicia española, que ya por entonces tenía fama de ser blanda con los poderosos y dura con los humildes, quedó todavía más en ridículo. Pero la crítica del alcalde tenía fundamento, a juzgar por lo que ha ocurrido desde entonces en España, donde no pocos delincuentes repugnantes, muchos de ellos con cobertura política, han escapado de la Justicia, como la multitud de evasores fiscales, los políticos que cobraron suplementos salariales en dinero negro, los responsables del saqueo de las cajas de ahorros y los que permitieron, desde el poder, escándalos y fraudes como los de las participaciones preferentes, la salida de Bankia a la bolsa, AFINSA, la estafa de Ruiz Mateos, los abusos de los bancos con sus clientes, desahucios injustos y un largo etcétera. 


El Noticiero Universal publica un titular de gran expresividad: Así es la justicia en España: Oriol Pujol eludirá 5 años de prisión mientras Alejandro Fernández cumple 6 años por robar 79 euros. 

Hay en España cientos, quizás miles de delincuentes del ámbito político que merecen un castigo más duro que el que sufre Pedro Pacheco, pero que nunca entran en la cárcel. Muchos, como Oleguer, hijo de Jordi Pujol, defraudador o blanqueador de cientos de maletas llenas de dinero, escapan solo con retirada de pasaporte. Otros son tratados todavía con más mimo porque detrás de ellos están las poderosas maquinarias de los partidos políticos. A muchos de ellos la lentitud de la Justicia les permite escapar sin castigo porque sus delitos ya prescribieron. 

El sistema judicial español está políticamente contaminado, aunque lo nieguen al unísono muchos jueces, magistrados y hasta el mismo gobierno. Hay hechos que son incuestionables y que denotan corrupción evidente en el sistema: los jueces y magistrados están encuadrados en asociaciones judiciales con ideología, afines a los distintos partidos políticos españoles; los partidos políticos designan directamente a jueces y magistrados ideológicamente afines en los altos tribunales españoles; España tiene más aforados que el resto de la Unión Europea junta. 

La situación de la Justicia española colisiona frontalmente con la Constitución española y la democracia, que garantizan la independencia y libertad de la Justicia. 

La Justicia es un servicio básico que para funcionar con eficacia, necesita de la confianza de los ciudadanos, pero en España, según las encuestas, esa confianza en el sistema judicial está resquebrajada. Hasta algunos miembros del sistema denuncian que las leyes españolas están ideadas para que se castigue más al robagallinas que al delincuente de cuello blanco y a los que, desde la política, saquean el país. 

Otro dato sospechoso: hay miles de políticos procesados por corrupción, pero apenas el 10 por ciento llega a la cárcel. 

Pedro Pacheco ingresó en la prisión de "El Puerto 3", del Puerto de Santa María (Cádiz) el 24 de octubre de 2014, condenado a 5 años de cárcel, pero después ha sufrido otras condenas que elevan su periodo de prisión a siete años. 

Mientras tanto, saqueadores, evasores, estafadores y ladrones con poder o pedigrí político siguen sin las abultadas condenas que los ciudadanos esperan para ellos por la gravedad de sus presuntos delitos. Entre ellos figuran Urdangarín, el cuñado del rey, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, la completa familia de Jordi Pujol y otros cientos de investigados, además de miles de políticos incapaces de explicar el origen de sus cuantiosas riquezas, que ni siquiera han sido acusados. 

Francisco Rubiales 

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