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miércoles, 25 de enero de 2017

LA IMPUNIDAD DE LA MAFIA (Pujol) Y EL MIEDO DE LOS JUECES

El caso Pujol ya hace tiempo que viene siendo un escándalo, a cualquier ciudadano de a pie no se le concede el mínimo privilegio, mientras, los jueces siguen bajándose los pantalones ante ese clan, la última excusa de que las pruebas aportadas proceden de un "hackeo" resultan ofensivas e insultantes.


El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha negado a dar el visto bueno a una nueva gran redada contra la familia Pujol solicitada formalmente por la Policía Judicial. Esta vez, por un nuevo delito «contra las relaciones de comercio exterior» por sus negocios millonarios en África.
La propuesta policial, a la que ha tenido acceso EL MUNDO y que el juez ha mantenido en secreto desde abril de 2016, contemplaba el registro en una decena de empresas instrumentales así como la irrupción en los domicilios particulares de Jordi Puig, hermano del ex conseller de CiU Felip Puig, y de José Herrero de Egaña, sobrino del empresario Ignacio López del Hierro, marido de la actual ministra de Defensa.


Asimismo, incluía una exhaustiva investigación en torno a Ibadesa Catfundada por López del Hierro y en la que ocupó el puesto de consejero; la declaración del testaferro de Rodrigo RatoAlberto Portuondo, por su vinculación con la trama; y una actuación global de Hacienda contra todo el entramado societario de la familia del ex president. Con especial énfasis en los créditos concedidos por el Gobierno español a esta red de empresas para proyectos en el exterior.

La motivación esgrimida por los investigadores pasa por que el clan catalán se ha dedicado, tal y como ha venido desvelando este periódico, al amaño de concursos públicos en países extranjeros, concretamente en África, tras concertarse con los gobiernos locales.
Entre ellos, la Policía destaca el intento de la familia, considerada por Anticorrupción como una «organización criminal perfectamente jerarquizada», por hacerse con el monopolio de la compra de medicinas y material hospitalario en Gabón.
La Udef ha aportado al sumario una batería de documentos inéditos que así lo acreditan. A la vista de los mismos, el juez De la Mata ha rechazado los que hubieran sido los terceros registros judiciales contra el clan catalán, ya que cree que las pruebas pueden provenir del hackeo de los ordenadores de los implicados.
La Policía Judicial defiende en su solicitud que sus pruebas son totalmente lícitas: «Se trata de documentos provenientes de inteligencia policial, ratificados mediante todos los medios posibles de investigación policial sobre la comisión de diferentes delitos entroncados con la corrupción».
Los agentes consideran que la familia Pujol es responsable de un nuevo delito «contra las relaciones de comercio exterior», así como de «cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública, falsificación de documentos públicos y privados, alteración de precios en concursos y subastas públicas y blanqueo de capitales».
La Policía ha constatado que los Pujol maniobraron para quedarse mediante una licitación trucada con la «privatización del servicio de compra de medicamentos» de Gabón y puso encima de la mesa del juez hace ya nueve meses una propuesta de actuaciones que el magistrado ha mantenido bajo secreto hasta ahora mientras intenta, sin éxito, determinar el origen de la documentación policial.
Entre los documentos comprometedores se encuentra una carta de Jordi Pujol Jr. a Pierre Duró, su contacto en el país africano, en la que le planteaba quedarse en enero de 2001 con el negocio de «la privatización del servicio de compra de medicamentos» siempre y cuando el gobierno le garantizase «un proceso de licitación abierto preparado según nuestras condiciones» y «un proceso cerrado de adjudicación directa a Ibadefarma», una de las sociedades bajo su control.
La UDEF solicitaba al juez De la Mata la irrupción en un rosario de sociedades, entre las que se encontraba Ibadesa Cat, así como el análisis de sus operaciones entre «1997 y 2010». Pero también requería el registro del domicilio del sobrino de éste, José Herrero de Egaña, así el de Jordi Puig, hermano del ex conseller de Convergència i Unió (CiU) Felip Puig. Especificando que se procediera «al desalojo de las personas que hubiera en su interior, procediendo a su aseguramiento para evitar la sustracción de documentos y efectos».
A estos dos últimos la Udef los considera «fiduciarios» del primogénito del ex president y les atribuye «la comisión de diferentes delitos canalizados singularmente mediante la acreditada y continuada percepción de comisiones ilícitas, intervención en negocios mediante mercantiles que resultan ser adjudicatarias de concursos y licitaciones públicas».
Asimismo, les atribuye el «ejercicio de labores de fiducia para ocultar los intereses de Jordi Pujol Ferrusola y [su ex mujer] Mercé Gironés Riera, canalizados tanto a través de inversiones en España como en el extranjero, donde se utilizarían sociedades instrumentales radicadas en territorios off shore».
Entre las pruebas se encuentra la misiva en la que Pujol Jr. solicitaba a su contacto africano «la lista o estadística de medicamentos que el servicio público ha comprado durante los últimos tres años (genéricos o específicos)». Y resaltaba que era «importante» para poner en marcha el negocio «información respecto a la presentación (número de comprimidos, gramos, especificaciones de cada producto, etc.)». Pujol Jr. recordaba a su enlace que había «pasado el fax del ministro de Sanidad» del país africano «al departamento técnico de Ibadesa para estudiar propuestas de suministro de equipamientos hospitalarios para el Centro Hospitalario de Libreville».
El primogénito también se ofrecía para desarrollar en Gabón un proyecto de «electrificación rural» siempre y cuando conociera de antemano el «proceso de licitación» así como un «centro comercial». Por último el hijo mayor del histórico líder nacionalista se interesaba por las últimas «noticias» de sus «contactos en TúnezMarruecos Argelia».
Este periódico ha desvelado durante los últimos meses los intereses empresariales de los Pujol en el continente africano, que se han mantenido y potenciado incluso en plena investigación judicial.
Durante las pesquisas y estando ya imputado por delito fiscal y blanqueo de capitales, Jordi Pujol Jr. planeó la puesta en marcha de proyectos de energías renovables en Mauritania y en Senegal y hasta la implantación de duty free en el continente de la mano de un gran grupo de Emiratos Árabes.
El juez De la Mata ha prohibido por el momento a la Udef utilizar en el sumario del caso Pujol su nueva documentación hasta que verifique su origen. La Policía ha contestado con una nueva solicitud. Esta vez para seguir investigando el entramado societario de la familia catalana y, muy especialmente, la referida Ibadesa Cat, sobre la que ha pedido «diligencias complementarias».

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