La extensa querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los cesados miembros del Govern de la Generalitat y de la Mesa del Parlament, que ya ha conducido a prisión al exvicepresident Oriol Junqueras y a ocho exconsellers, tiene la apariencia de un documento impecable, denso y farragoso por sus abundantes razonamientos jurídicos. Sin embargo, tanto esas argumentaciones como la fulgurante instrucción de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están cuajadas de agujeros negros que podrían invalidarlas.
Especialmente porque las órdenes internacionales de detención cursadas por la magistrada contra el expresident Carles Puigdemont y sus cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas obligará a la intervención de la Judicatura belga, que puede examinar esas actuaciones y motivaciones con una lupa que ponga de manifiesto todas esas contradicciones e irregularidades, que además apuntan a razones y objetivos políticos para esa causa general contra los líderes independentistas catalanes.
Estos son los diez defectos jurídicos más flagrantes de este complejo procedimiento, según fuentes judiciales y letradas consultadas por Público:

1. Precipitación y alteración de los ritmos judiciales


La velocidad imprimida por Maza y Lamela a las actuaciones contra los encausados es tan desmesuradamente precipitada que en la práctica está negando las garantías de defensa y violando los derechos fundamentales de los investigados, según han denunciado magistrados y juristas. Además, esto es algo muy peligroso en términos de jurisprudencia, ya que se van a santificar procedimientos judiciales extremos que hasta ahora no habían sido aceptados en ninguna causa anterior.
Para empezar, los ritmos judiciales normales son mucho más lentos que los de las decisiones y medidas políticas, precisamente porque los magistrados siempre apelan a la necesidad de sosiego, estudio y respeto de las garantías procesales. Así, en el caso de cualquier otra querella el juez no llama a declarar de inmediato al querellado, sino que lo convoca primero para darle copia de ella y de los documentos en los que se fundamenta, momento en el que lo (o la) cita para tomarle declaración más adelante, cuando haya podido estudiar las acusaciones con ayuda de su defensa letrada.
Porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha modificado parcialmente hace bien poco, en 2015, para dejar claro que hay derecho a tener el atestado antes de ser llamado a declarar. Por supuesto, siempre es preciso dar antes traslado de la propia querella, pero también del atestado que la acompaña, porque cada uno de los querellados tiene que poder ver no sólo lo que se dice de él/ella sino también de lo que se dice de los otros implicados.
En consecuencia, no es de recibo que se cite a los procesados en un festivo y que reciban esa citación menos de 24 horas antes de la cita para declarar ante el juez, sin haber tenido tiempo para estudiar una querella tan compleja.

2. Actuación judicial contra políticos en plazo electoral


Delitos electorales recogidos en la LOREG, incluido el de "perjudicar a un candidato".
Aunque no esté regulado de forma explícita, es una norma no escrita de la Judicatura que las actuaciones judiciales en las que se ven implicados dirigentes políticos tienen que ralentizarse, incluso detenerse, durante el plazo –nunca demasiado largo, en términos de los procedimientos judiciales– previo a unas elecciones. Y esta norma ha sido refrendada muy recientemente por el propio Tribunal Supremo, que en 2016 impidió a ex candidatos políticos continuar con sus procedimientos judiciales en tanto no culminase un nuevo proceso electoral... ¡a pesar de que ya no se presentaban en ninguna lista y habían manifestado su decisión de abandonar la política!
Además, el artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen General Electoral (LOREG) advierte en su punto séptimo que los funcionarios públicos cometen delito en el caso de que "causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato". Por eso paralizan sus actuaciones los magistrados en etapa electoral. En este caso concreto, no cabe duda de que Junqueras y los exconsellers en prisión serán candidatos a las elecciones del 21-D y resultarán electos, así que la dudosa decisión judicial de encarcelarlos les causa, sin duda, "manifiesto perjuicio".
Porque lo que no se puede impedir es que se presenten a cargo electo, ya que en España no existe la inhabilitación cautelar –sólo corresponde a sentencia firme–, pero el fiscal general y la jueza de la Audiencia están actuando como si no pudiesen volver a estar aforados. Mejor dicho, parecen estar tratando de impedirlo, lo que si se demostrase supondría una prevaricación delictiva.

3. La Audiencia envía a prisión sin ser de su competencia



Queda aún más claro que lo que se está intentando es impedir que los encausados, muchos de ellos ya presos, vuelvan a ser consellers, cuando se constata que la Audiencia Nacional no es en absoluto competente para enjuiciar por rebelión a Junqueras y a los otros que acaba de enviar a prisión. Y no es una opinión de juristas, sino que está clara e inequívocamente dictaminado por el auto de 2 de diciembre de 2008, emitido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, en el que 20 magistrados establecieron por unanimidad que "el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional":