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lunes, 26 de septiembre de 2016

PIDEN 9 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL ALCALDE DE CALAFELL


La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para el alcalde de Calafell Ramon Ferré (PSC), para el ex alcalde socialista Jordi Sánchez y para el director de Urbanismo de hace dos legislaturas, Joan López, por delitos de prevaricación y falsedad documental.
Además la Fiscalía pide un año de suspensión de su empleo para Ferré y para el director de Urbanismo. El Ayuntamiento también será juzgado como responsable subsidiario, podría tener que indemnizar a los denunciantes con 200.000 euros por los daños causados, aunque podrían incrementarse a espera del informe pericial.
Por su parte la acusación reclama nueve años de inhabilitación, dos años de suspensión para el actual alcalde y el técnico y cuatro años de prisión y multa de 60.000 euros para cada uno de los tres procesados.
El juzgado de El Vendrell ha aceptado los escritos de los denunciantes y de la Fiscalía para que se celebre el juicio. Los tres acusados deberán depositar 319.200 euros de fianza para cubrir posibles responsabilidades económicas y en caso de no hacerlo podría actuarse contra sus bienes.
La defensa de los investigados ya presentó un recurso contra el inicio del procedimiento y recordó que el tema ya había sido archivado inicialmente, pero los denunciantes presentaron recurso y la Audiencia les dio la razón.
La denuncia tiene su origen en 2010 y la puso la empresa Sunway y el Fiscal. Es por la revisión del Plan General que hizo el Ayuntamiento sin que el entonces el gobierno que presidía Sánchez alertase a la Comissió d’Urbanime de que ya había sido derribada una histórica masía en la urbanización de Valldemar y que precisamente motivó esa modificación del planeamiento.
Sunway, propietaria de la masía de Cal Perotet, firmó un convenio en 2001 con el Ayuntamiento para prever la edificabilidad y usos comerciales de la zona de manera que garantizase la conservación del edificio y se previesen las construcciones y el entorno, algo que debía hacer el Consistorio.
En mayo de 2004 con Joan Maria Triadó (entonces de CiU) como alcalde, el Ayuntamiento aprobó la modificación del plan urbanístico. La comisión de Urbanismo pidió informes , pero el proyecto quedó paralizado durante cuatro años.
No se realizó ningún tipo de protección y la masía fue un lugar de juegos y vandalismo hasta el punto que en 2007 la propiedad pidió al Consistorio el derribo por su estado de ruina y para evitar accidentes. Ante la falta de respuesta durante dos años realizó la demolición.
El entonces gobierno socialista presidido por Sánchez criticó el derribo y destacó que era un bien patrimonial. Paralelamente encargó a los técnicos municipales que iniciaran un expediente para dotar a la zona de un centro cívico que se haría en los terrenos.
Sunway recurrió a la decisión, que de hecho fue anulada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al entender que el derribo de la masía fue concedido por silencio administrativo.
El escrito de la acusación destaca que el Ayuntamiento sin embargo mantuvo el plan de la construcción del centro cívico, para lo que «ocultó» que el edificio ya había sido derribado. La Fiscalía considera que en 2008 Ferré envió a Urbanisme documentación para iniciar el procedimiento aunque «con voluntad y conciencia de alterar la realidad, omitió que la masía había sido derribada».
La Comisión aprobó la modificación del Plan General, con un informe realizado por el director de Urbanismo, y verificado por Ferré, como concejal de Urbanismo, y Sánchez, como alcalde. Y el pleno lo aprobó.
La Generalitat aprobó la modificación del Plan General y propuso modificar la calificación de la finca para preservar la masía y los espacios que la rodean, pero sin tener conocimiento que el edificio ya no existía. La empresa recurrió esa aprobación y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la anuló en 2015.
Los denunciantes señalan que al no comunicar a Urbanismo la situación perjudicó a los propietarios y que además fueron compensados «con un terreno no urbanizable, de peor calidad e indivisible» y a cambio «el Ayuntamiento ha obtenido una finca con todos los servicios».
Sunway denunció que no cedía la masía, sino que renunciaba a su derecho sobre la finca y a dividirla, y aprovechar el volumen de edificabilidad o a usarla como vivienda, permitiendo usos hoteleros de equipamientos o deportivos.
Artículo publicado en "El Mundo", en este enlace

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