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lunes, 29 de agosto de 2016

CALAFELL RECHAZA LAS ACUSACIONES DE LA FISCALÍA


El Ayuntamiento de Calafell rechaza las acusaciones de «inactividad» para evitar el ruido en la calle que la Fiscalía de Medio Ambiente considera que se mantienen después de una denuncia vecinal y el requerimiento judicial para aplicar medidas correctoras. La Fiscalía ha pedido por ello abrir causa judicial contra los concejales de Medio Ambiente desde el año 2007.
El Consistorio señala que ha tomado medidas para controlar el ruido en los bares con la obligación de instalar limitadores de sonido e incluso precintado equipos de música en caso de incumplimiento. Y también apunta que ha realizado acciones que las propias sentencias judiciales detallan que están en manos de la administración local para evitar el ruido en la vía pública, como es perseguir el botellón.
Sigue habiendo ruido
Sin embargo el Fiscal considera que sigue habiendo mucho ruido en la calle según los controles realizados y apunta que «correspondería al Ayuntamiento la vigilancia del control de estos límites». La inactividad que considera el fiscal le lleva a plantear que el juez de El Vendrell abra diligencias por delito ecológico contra los concejales.
Ante las medidas impuestas en los locales, también obligando a dobles puertas y a insonorizaciones, el problema se centraría en los ruidos que provoca la gran concentración de personas en las zonas de ocio y en otros puntos del municipio.
No es derecho de reunión
La legislación de ruidos obliga a los ayuntamientos a tomar medidas para evitar esos ruidos. Un informe del Síndic de Greuges para estos casos ya apunta que «lo que no puede hacer la administración local es aparcar sus funciones y mostrarse inactiva por el hecho de considerar que la concentración de personas en determinados espacios públicos es la expresión del ejercicio del derecho fundamental de reunión».
Según diferentes sentencias esas concentraciones en la vía pública no responden al ejercicio del derecho fundamental de reunión porque entre otras exigiría de una comunicación a la autoridad gubernativa y los consistorios deben evitarlas.
Un informe del Síndic señala que esas concentraciones son un «uso abusivo de la vía pública» y que entre las medidas que pueden tomar los municipios está la prohibición de vender alcohol en la vía pública.
Denuncias por botellón
Sin embargo el Consistorio también señala que persigue el botellón y durante el verano se han abierto numerosas diligencias cada semana contra personas que lo practican en diferentes puntos del municipio. El propio alcalde Ramon Ferré se muestra así sorprendido de la denuncia de la Fiscalía.

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