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lunes, 23 de noviembre de 2015

LAS ELÉCTRICAS QUIEREN CREAR UNA "POLICÍA DEL CONTADOR"

Esos ladrones de guante blanco que llevan décadas estafando a los usuarios, que emiten facturas indescifrables, que suben arbitrariamente el precio de la luz sin dar explicaciones, que los beneficios los invierten en el extranjero y encima se quejan de que haya fraude, ahora se quieren defender del mismo sin haber protegido nunca al usuario, esperemos que el nuevo equipo de gobierno que vaya a salir de las próximas elecciones les paren los pies. Curiosamente este gran fraude que vienen cometiendo durante tantos años, no veo que sea tratado por ninguno de los nuevos políticos, a ver si tenemos suerte y alguien les pide explicaciones, parece que existe cierto tabú, quizá por lo complejo del mismo ninguno sepa como hacerle frente.


El Ministerio de Industria prepara medidas de urgencia para atajar el incremento de los enganches ilegales a la luz. Los técnicos de este departamento han recibido el encargo del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de confeccionar un real decreto que regule la prevención de esta práctica y su castigo, según explican a este diario fuentes próximas a estos trabajos.
El objetivo de estas medidas es frenar el incremento de las pérdidas que sufre la red eléctrica como consecuencia de los pirateos en el suministro, ya sea por la conexión directa a la red a través de un enganche o la manipulación de contadores. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) advierte en un informe reciente que este fraude ha registrado un aumento "notorio" en los últimos años y hace hincapié en que, además, se ha "profesionalizado", dificultando sus técnicas de detección.
La medida será aprobada ya en 2016 y corresponderá al próximo Gobierno, si bien por su "urgencia" se ha optado por iniciar ya su desarrollo. El año pasado el sistema eléctrico sufrió pérdidas de electricidad por un valor de 150 millones de euros, en su mayor parte ligadas -según la CNMC- a este fraude. Esta cifra, que es costeada por el resto de consumidores eléctricos con cargo al recibo, se hamultiplicado por tres desde 2011.

Las eléctricas vienen denunciando desde hace un año el mayor fraude y su imposibilidad para combatirlo de forma aislada. Iberdrola, Endesa y Gas Natural abrieron el año pasado un total de 164.731 expedientes por este motivo, un 61% más que en 2013.
La CNMC, encargada de cuadrar las cuentas del sistema eléctrico, inició entonces una investigación y propuso a Industria una "regulación homogénea y armonizada" que establezca los protocolos de lucha contra estas prácticas y elimine la "disparidad de criterios a nivel autonómico y estatal a este respecto".
Entre las medidas que baraja Industria se contempla revisar el incentivo que cobran ahora las eléctricas por perseguir el fraude y obligar a que éstas asuman parte del coste, al ser titulares de la infraestructura, o en el mejor de los casos a financiarlo. La CNMC propone un plazo de tres años para introducir esta medida de forma gradual.
Otra de las propuestas formuladas por el regulador obligaría a las compañías eléctricas a presentar antes del 1 de diciembre un plan para la detección del fraude para el año siguiente a las comunidades autónomas, el Ministerio de Industria y la CNMC. Asimismo, se articula la creación de un cuerpo de verificadores del fraude integrado por personal especializado en la detección de robo de luz y licenciado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Este carné tendría validez durante un periodo de cuatro años y permitirá al policía eléctrico a aprobar un corte "inmediato" del suministro si se detecta alguna anomalía.
Por último, las medidas proyectadas por la CNMC van también dirigidas a reforzar las garantías del consumidor en los casos en que se vea afectado por un fraude. Esta ha sido una exigencia histórica de las agrupaciones de usuarios, que denuncian abusos por parte de las eléctricas en las sanciones aplicadas sin que existan fundamentos probados de manipulación. Ahora se propone que el "verificador de fraude" lleve a cabo un completo acta tras finalizar sus inspecciones que incluya fotografías e información sobre el dispositivo trucado.

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