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martes, 30 de junio de 2015

MAÑANA ENTRA EN VIGOR LA DICTADURA (Ley mordaza)



MADRID.-  Este miércoles, 1 de julio de 2015, entran en vigor dos reformas que suponen todo un blindaje del Gobierno frente a las protestas ciudadanas ya que permite al Ejecutivo castigar con dureza protestas no autorizadas, aunque sean pacíficas, y sustrae del control judicial inmediato lalimitación de las libertades públicas.


La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, otorga una poderosa potestad sancionadora al Ejecutivo y parece redactada expresamente para frenar las protestas surgidas en esta larga crisis económica, como las concentraciones pacíficas del 15-M, el movimiento antidesahucios o las mareas.


Por su parte, el nuevo Código Penal contiene la cuestionadacadena perpetua revisable, pero también unas modificaciones de última hora que soliviantan a los especialistas en Penal: unachapuza ha convertido al menos 16 delitos menos graves en leves, lo que provocará que, por ejemplo, el autor de un hurto no pueda ser detenido y que pueda ser juzgado sin abogado… por el mismo juez que instruye el caso. La ola de recursos de inconstitucionalidad está servida.


Las infracciones administrativas, decididas por la policía y no por un juez, prevén infracciones de hasta 30.000 euros
Ambas leyes han sido aprobadas por el rodillo del PP sin consenso parlamentario y han sido recurridas por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Allí han quedado los recursos de más de cincuenta diputados, cada uno, presentados hace dos meses ante este órgano presidido por un exafiliado del PP, Francisco Pérez de los Cobos, que dejó de serlo cuando ya había sido nombrado para el cargo.
Estado policial, ejercicio despótico, populismo punitivo… PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai han recurrido a múltiples expresiones para definir esta vuelta de tuerca con la que el Gobierno construye todo un edificio sancionador –con multas de hasta 30.000 euros- respecto a las protestas registradas y que lo han desgastado. 

Se da la circunstancia de que los tribunales no han solido dar al Gobierno la razón frente a determinadas protestas suscitadas en los últimos años. De ahí que, ahora, el Ejecutivo haya construido todo un edificio de sanciones administrativas –con multas de hasta 30.000 euros- respecto a esas protestas que le han desgastado.

La policía tendrá un "enorme poder"
Para el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, lo más grave reside en el propio concepto: “no es una ley de seguridad ciudadana, sino de seguridad del Gobierno ante las protestas ciudadanas”. En su opinión, esta norma consagra al ciudadano como “el enemigo” y expresa su preocupación porque el Gobierno convierte en multas administrativas lo que antes se sometía al control inmediato del juez de guardia.

Esto es, extrae del control judicial las sanciones que el Gobierno se reserva para sí respecto a ocupaciones de la vía pública sin permiso o actuaciones de desobediencia leve. Y si uno no está de acuerdo, tendrá que recurrir por la vía contenciosa-administrativa.


Rights International denuncia la redacción "deliberadamente deficiente y ambigua" de la ley
Bosch denuncia el “enorme poder” que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, al igual que la Unión Progresista de Fiscales, considera que no permite que un juez pondere los derechos en conflicto en estos casos, donde las infracciones administrativas prevén multas de hasta 30.000 euros, lo que constituye un claro instrumento de disuasión.


Patricia Goiochoechea, vicepresidenta de Rights International Spain, denuncia los recortes a las libertades de estas dos leyes ante los foros internacionales como Naciones Unidas. Y denuncia también que tienen una redacción “deliberadamente deficiente y ambigua”.



Tanto por separado como juntas, “ambas leyes constituyen unalimitación desproporcionada al ejercicio de los derechos fundamentales en una democracia. Las dos persiguen el objetivo de limitar la protesta social pacífica; evitar que la calle siga siendo un espacio de participación política y disuadir al resto de la sociedad de continuar ejerciendo sus derechos en el futuro”.



La Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal están atravesadas por expresiones ambiguas que dejan espacio a lainterpretación arbitraria por parte de la autoridad administrativa.




MADRID.-  La Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal están atravesadas por expresiones ambiguas que dejan un amplio margen para la interpretación arbitraria por parte del Gobierno.


Con la Ley mordaza, el Ejecutivo se reserva la facultad de poner multas, sustrayendo al control del juez, a comportamientos que obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales, según denuncia Patricia Goicoechea, vicepresidenta de Rights International Spain. 

La Constitución prohíbe que se exija la autorización previa del derecho de reunión, por ejemplo, pero la ley convierte el requisito administrativo en una autorización de hecho.
He aquí algunos ejemplos de esta redacción “sibilina”. Así sanciona…


1) La “ocupación de la vía pública”… contra “lo dispuesto por la ley” o contra “la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente”.

¿Se refiere a una ocupación violenta o bastará con la mera presencia pacífica de un grupo de personas? ¿Qué ley?, se pregunta Goicoechea. Multa de 100 a 600 euros (artículo 37.7, infracciones leves).


2) La “perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción penal”. 

El artículo no incluye la expresión perturbación “grave”, sino sólo dice perturbación. ¿A qué alteración se refiere que no sea delito? ¿Desviarse de un recorrido? ¿Corear consignas contrarias? ¿Quién lo interpreta? Multa de 601 a 30.000 euros (artículo 36.8, infracciones graves)


3) El incumplimiento “de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos”

¿Qué alteraciones menores? ¿Bordear una plaza no prevista? ¿Dispersarse? ¿Quién lo interpreta? Multa de 100 a 600 euros (artículo 37.7, infracciones leves)


4) La “ocupación de cualquier inmueble (…) o la permanencia en ellos (...) contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”. 

Esta redacción abarca incluso la sentada pacífica ante un centro de salud o ante un instituto amenazado de cierre. Multa de 100 a 600 euros (artículo 37.7, infracciones leves).


5) La “perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.

¿Qué se entiende por perturbación grave, la de los estándares internacionales o el simple desarrollo de una manifestación frente al Congreso? Multa de 601 a 30.000 euros (artículo 36.2, Infracciones graves).


6) Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad.

¿La protesta por el cierre de la televisión valenciana, mientras se emite un telediario, recibiría una multa de 30.001 a 600.000 euros? (artículo 35.1, Infracción muy grave)


… Pero hay más. Tampoco se podrá:



7) Colgar fotos o difundir vídeos de autoridades o policías si suponen un “peligro para su seguridad personal o familiar“. ¿Quién define el peligro? ¿Cómo se mide? (artículo 36.6, Infracción grave con multa de 601 a 30.000 euros)




8) El reenvío de mensajes de protestas en redes sociales, so pena de sufrir el mismo castigo que los organizadoresaún sin haber acudido a la protesta misma y desconociendo su resultado. Dice un artículo “… también se considerarán organizadores o promotores quienes (…) por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”. (artículo 30.3, Multa de 30.001 a 600.000 euros en infracción muy grave). 


Los destinatarios



Las limitaciones a los derechos de reunión, manifestación y expresión tienen sus destinatarios específicos, según Alba Villanueva, de No Somos Delitos:

1) No se pueden celebrar asambleas en las calles para hablar de asuntos públicos. Ni sumarse a manifestaciones espontáneas --> Dirigido al movimiento del 15-M. (Multa de 100 a 600 euros)
2) No se puede manifestarse de forma espontánea frente al Congreso--> Dirigido al movimiento del 15-M y a las mareas, entre otros. (Multa de 601 a 30.000 euros)
3) Impedir un desahucio--> Dirigido a las plataformas antidesahucios PAH. (Multa de 601 a 30.000 euros).
4) No se puede encerrarse en oficinas bancarias por unas horas –> Dirigido a afectados por la colocación de productos financieros complejos por parte de los bancos, como los preferentistas (Multa de 100 a 600 euros)
5) Tampoco se puede escalar edificios para colgar pancartas --> Dirigido a Greenpeace (Multa de 100 a 600 euros)
6) Ni entrar en una televisión para protestar por su cierre --> Trabajadores de RTVA y de entes públicos (Multa de 30.001 a 600.000 euros)
7) Ni difundir imágenes de los policías –> Dirigido astreamers y otros activistas que denuncian la actuación policial. Multa de 601 a 30.000 euros
8) Ni difundir mensajes o consignas que inciten algún delito de alteración pública “o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo” --> convocatorias por What’s up. Prisión de hasta un año de cárcel, según la nueva redacción del Código Penal.

El 1 de julio entra en vigor en España la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la llamada “Ley Mordaza”, y dos reformas del Código Penal que, en síntesis, controlarán y restringirán nuestras libertades. Dicen que estas nuevas normativas son el mayor atentado a la libertad de expresión desde la dictadura franquista. Son exactamente 44 faltas que conllevarán una multa de entre 1oo y 600.000 euros, en función de su gravedad. Además,también nos tendrán controlados en Internet, el gran poder del siglo XXI. Esto es lo que no vas a poder hacer online:

1. Consultar webs de contenidos delictivos

No solo sólo se condenará por la difusión o apología del terrorismo mediante una página web, sino por simplemente visitar estas páginas. Acceder de manera habitual” a estas webs supondrá un delito, según el artículo 575.2 del nuevo código penal, castigado entre 1 y 5 años de cárcel.

2. Organizar protestas

Gestionar protestas online y en redes sociales será un delito castigado con penas de terrorismo. Según el artículo 30 de la Ley de Seguridad Ciudadana “se considerarán organizadores o promotores [de las protestas] quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan [...], pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”.
3. Colgar fotos de policías
No podrás publicar ni fotos ni vídeos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si estas suponen un “peligro para su seguridad personal o familiar“, tal y cómo se cuenta en el artículo 36.26 de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo van a medir ese “peligro”? No queda definido.

4. Alterar la paz pública

Los delitos informáticos ahora pasan a considerarse terrorismo. Según el artículo 573, cuando se intente “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella” mediante internet, será considerado un acto terrorista.

5. Crear páginas de enlaces

El nuevo Código Penal se ha reformado en dos artículos clave, el 270 y 271 que, junto a la Ley de Propiedad Intelectual, pretende evitar aún más la piratería, con penas de hasta 4 años de cárcel. La novedad es que no solo los responsables de páginas webs de enlaces se someten a mayores penas, también las compañías de servicios que ayuden a crearlas.

Mucho cuidado con lo que hacéis en Internet, un paso en falso y habréis cometido un delito que podrá atribuirse a terrorismo. ¿Dónde acaba el control y dónde empieza la vulneración de nuestros derechos?



1 comentario:

Anónimo dijo...

En España cada vez nos parecemos mas a Venezuela,pero no por partidos como Podemos y demás,si no por culpa del Pputrefacto partido, y su podrida gaviota de corrupción,nos roban ,nos quitan todos los derechos,y si te manifiestas o quejas a la carcel,Rajoy es Venezuela.