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lunes, 1 de septiembre de 2014

ASÍ FUNCIONA LA JUSTICIA EN ESTE PAÍS


Francisco Montoya | Diari de Tarragona
Eva Aymamí, propietaria de un piso en el número 2 de la calle Castaños de Tarragona, en la Part Baixa, está viviendo en sus carnes las consecuencias de una mala legislación y peor gestión judicial de la ocupación ilegal de inmuebles. La laxitud y permisividad legal y la lentitud de cualquier desahucio permiten perpetuar situaciones como la que lleva semanas viviendo.
La propietaria explica que, hasta el pasado mes de julio, tenía el piso alquilado a una familia que había dejado de pagar y con quienes llegaron al acuerdo de que abandonarían el inmueble el 1 de agosto. «No nos devolvieron las llaves, así que pasados unos días fuimos al piso a comprobar si efectivamente se habían marchado, y al llegar descubrimos que alguien había cambiado la cerradura». Hablando con otros vecinos del edificio, les confirmaron que los antiguos arrendatarios habían dejado el piso el 1 de agosto –les habían visto marcharse cargados con cajas y demás– pero que poco después se habían instalado allí dos hombres –«Uno con cresta y otro de raza negra»– que viven con un perro. «Llamamos a la puerta, porque se oía al perro y sabíamos que había alguien, pero no nos llegaron a abrir», dice Aymamí. 
El coste de un proceso judicial
Por eso acudió rápidamente a los Mossos d’Esquadra a presentar la pertinente denuncia, y ahí se acabaron de poner todas las cartas sobre la mesa. «A los Mossos sí les abrieron la puerta, pero les dijeron que no pensaban abandonar el piso. Que ellos son okupas y conocen muy bien sus derechos, y que saben que sin una orden judicial no les pueden echar de allí, así que mientras no exista esa orden no piensan marcharse», relata la propietaria.
Desesperada, se ha asesorado y ha llegado a la conclusión de que deberá poner en marcha un proceso judicial que culmine con la sentencia de lanzamiento, pero ahí se ha encontrado otro obstáculo: a la lentitud burocrática habitual se añade algo tan anacrónico como la parálisis de agosto: «Me han dicho que tengo que ir al juzgado, pero que tendré que esperar al 1 de septiembre, que en agosto están de vacaciones y estos procedimientos no avanzan». Todo ello sin contar con que poner en marcha el proceso judicial le va a suponer unos costes nada despreciables. Y todo para recuperar lo que es suyo: un piso en el que no puede vivir ni tampoco alquilarlo. Eso sí: no se le ocurra retrasarse con el IBI.

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